SAETA intimó a las empresas de colectivos y les exigió garantizar el servicio

La situación financiera del transporte público de Salta generó una nueva señal de alarma luego de que las empresas subconcesionarias advirtieran que, si se mantienen las actuales condiciones económicas, podrían quedar imposibilitadas de garantizar la prestación de los servicios a su cargo.

La advertencia fue realizada el 1 de septiembre y quedó mencionada en una respuesta oficial de SAETA, fechada el 3 de septiembre y firmada por su presidente, Claudio Mohr. Según plantearon las operadoras, el principal problema está relacionado con el atraso en el envío de los fondos necesarios para sostener el funcionamiento diario.

Las empresas sostienen que todavía resta cobrar cerca del 80% de los fondos correspondientes a julio, mientras que también se sumaron obligaciones correspondientes a agosto. El escenario complica el pago de gastos indispensables para que los colectivos puedan seguir circulando, como combustible, mantenimiento, repuestos y compromisos con proveedores.

SAETA busca asistencia financiera

El documento fue dirigido a representantes de distintas empresas que forman parte del sistema, entre ellas Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino y Ahynarca, además de otras firmas operadoras.

Frente a la advertencia, SAETA reconoció las dificultades y señaló que está realizando gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Salta para conseguir una asistencia financiera extraordinaria que permita cubrir el déficit operativo que atraviesa el sistema.

El organismo también explicó que viene realizando transferencias a las empresas de acuerdo con los recursos que tiene efectivamente disponibles, mientras continúa buscando alternativas para afrontar la situación financiera.

SAETA exigió que los colectivos sigan circulando

Más allá de las dificultades económicas, el organismo dejó en claro que los contratos con las empresas continúan vigentes. Por eso, les pidió adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y adecuada prestación del servicio.

SAETA advirtió además que no deberá producirse ninguna suspensión, reducción o modificación unilateral de los servicios que pueda perjudicar a los pasajeros. Cualquier incumplimiento será analizado de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos y el marco legal correspondiente.

De esta manera, el transporte público salteño atraviesa un momento de tensión: las empresas reclaman fondos atrasados y advierten sobre las dificultades para sostener la prestación, mientras SAETA gestiona recursos extraordinarios y exige que los colectivos continúen funcionando con normalidad.